El derecho a la última palabra antes de la sentencia constituye una garantía procesal fundamental en nuestro sistema judicial. Como abogado especializado en defensa penal, he podido comprobar que este derecho, a menudo subestimado, puede representar un momento crucial en el desenlace de un proceso judicial, especialmente en casos de delitos contra la libertad sexual donde cada detalle procesal cobra especial relevancia. La legislación española reconoce expresamente esta prerrogativa procesal que permite al acusado expresarse libremente ante el tribunal justo antes de que el juicio quede visto para sentencia.
Fundamento jurídico del derecho a la última palabra en el proceso penal
El derecho del acusado a hablar en último lugar antes de la conclusión del juicio encuentra su base legal en el artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que establece claramente que, terminadas las conclusiones definitivas, el Presidente preguntará al acusado si tiene algo que manifestar al Tribunal. Esta prerrogativa procesal no es un mero formalismo, sino una expresión directa del derecho de defensa consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española.
En mi experiencia como letrado defensor, he comprobado que muchos tribunales consideran la omisión de este trámite como causa de nulidad de actuaciones, lo que demuestra su trascendencia en el ordenamiento jurídico español. El Tribunal Supremo, en su Sentencia 544/2016 de 21 de junio, ha reafirmado la relevancia de esta garantía procesal, señalando que constituye «la última manifestación del derecho a la defensa que asiste al acusado».
Naturaleza y alcance constitucional
La oportunidad de pronunciar las últimas palabras antes del fallo trasciende el ámbito meramente procesal para situarse en el plano constitucional. El Tribunal Constitucional, mediante sentencias como la STC 181/1994, ha vinculado este derecho con el artículo 24.2 CE, que garantiza el derecho a un proceso con todas las garantías y a la defensa.
Este derecho permite que el acusado pueda:
- Expresar su arrepentimiento
- Rectificar o matizar declaraciones previas
- Aportar explicaciones complementarias
- Dirigirse directamente al tribunal sin intermediación
- Manifestar circunstancias personales relevantes
Valor estratégico de la última intervención procesal del acusado
Como defensor en numerosos casos de delitos contra la libertad sexual, he podido constatar que el momento final de alegación personal puede tener un impacto significativo en la percepción del tribunal. A diferencia de la declaración inicial, que suele estar más condicionada por la tensión y el desconocimiento del desarrollo posterior del juicio, la última palabra permite al acusado expresarse conociendo ya todo el material probatorio practicado.
En ocasiones, he visto cómo una intervención sincera, coherente y respetuosa ha contribuido a humanizar al acusado ante el tribunal, especialmente en delitos que generan un fuerte reproche social como los sexuales. Como un río que finalmente desemboca en el mar, la última palabra representa la culminación del derecho de defensa material ejercido directamente por el acusado.
Preparación adecuada para el ejercicio efectivo
El uso efectivo del derecho a hablar antes de la sentencia requiere una preparación cuidadosa. En mi práctica profesional, dedico tiempo a explicar a mis defendidos la importancia de este momento procesal, aconsejándoles:
- Ser concisos y claros en su exposición
- Mantener una actitud respetuosa hacia el tribunal
- Evitar contradicciones con la estrategia de defensa
- Expresarse con naturalidad, evitando discursos preparados que puedan parecer artificiales
Consecuencias procesales de la vulneración del derecho a la última palabra
La omisión del trámite final de audiencia al acusado no es una cuestión menor. La jurisprudencia ha establecido que su vulneración puede constituir motivo de nulidad de actuaciones por generar indefensión material. El Tribunal Supremo, en su Sentencia 13/2006 de 20 de enero, determinó que «la denegación u omisión del derecho a la última palabra constituye una infracción procesal que puede dar lugar a la nulidad del juicio oral».
He presenciado casos donde tribunales de apelación han ordenado la repetición de juicios por haberse omitido este trámite, lo que evidencia su relevancia procesal. No obstante, para que prospere un recurso basado en esta vulneración, es necesario que la defensa haya protestado en el momento procesal oportuno, dejando constancia en el acta del juicio.
Jurisprudencia relevante sobre el derecho a la última palabra
El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han desarrollado una doctrina consistente sobre la importancia de este derecho. Algunas sentencias destacables son:
- STC 181/1994, de 20 de junio: establece la vinculación con el derecho de defensa
- STS 544/2016, de 21 de junio: confirma su carácter esencial en el proceso penal
- STS 2/2018, de 9 de enero: analiza los requisitos para considerar vulnerado este derecho
Diferencias entre la última palabra y otras intervenciones del acusado
Es importante distinguir entre el derecho final de alegación y otros momentos procesales donde el acusado puede intervenir. La declaración inicial del acusado, regulada en el artículo 696 LECrim, tiene una naturaleza distinta, ya que se produce al inicio del juicio y está sujeta a interrogatorio. Por el contrario, la última palabra:
- Se produce cuando ya se ha practicado toda la prueba
- No está sujeta a interrogatorio contradictorio
- Es completamente libre en cuanto a su contenido
- No tiene limitación temporal estricta (aunque debe ser razonable)
- Constituye el cierre definitivo del juicio oral
En mi trayectoria profesional, he observado que muchos acusados confunden estos momentos procesales, desaprovechando la oportunidad única que representa la última palabra para dirigirse directamente al tribunal sin intermediarios.
Preguntas frecuentes sobre el derecho a la última palabra
¿Es obligatorio ejercer el derecho a la última palabra?
No, el derecho a manifestarse antes de la sentencia es renunciable. El acusado puede declinar hacer uso de este derecho cuando el Presidente del Tribunal se lo ofrece. Sin embargo, lo que resulta imprescindible es que el tribunal ofrezca expresamente esta posibilidad, dejando constancia en el acta. La renuncia a este derecho debe ser voluntaria y consciente.
¿Qué contenido debe tener la última intervención del acusado?
El contenido de la última manifestación procesal es completamente libre. El acusado puede utilizarla para expresar arrepentimiento, aclarar aspectos de su declaración, explicar circunstancias personales o simplemente reiterar su inocencia. No existe un guion predeterminado, aunque desde una perspectiva estratégica, es recomendable que su contenido sea coherente con la línea de defensa mantenida durante el proceso.
¿Puede el tribunal interrumpir o limitar la última palabra?
El tribunal debe permitir que el acusado se exprese con libertad en este trámite final. No obstante, el Presidente puede intervenir para reconducir la intervención cuando esta se desvíe notoriamente de lo pertinente, se extienda excesivamente o falte al respeto debido al tribunal o a las partes. El Tribunal Supremo ha establecido que estas limitaciones deben ser excepcionales y justificadas.
Conclusión: La relevancia práctica del derecho a la última palabra
El derecho a expresarse antes del fallo judicial representa mucho más que un mero formalismo procesal. Constituye la última oportunidad del acusado para influir en la percepción del tribunal antes de que este se retire a deliberar. Como abogado defensor especializado, he comprobado que una intervención bien planteada puede contribuir a humanizar al acusado y, en ocasiones, inclinar la balanza en casos donde existen dudas razonables.
La justicia, como decía el jurista Carnelutti, no solo debe ser justa, sino también parecer justa. El derecho a la última palabra contribuye a esta percepción, otorgando al principal protagonista del proceso penal —el acusado— la oportunidad final de ser escuchado. Si usted enfrenta un proceso penal, no subestime la importancia de este momento procesal y asegúrese de contar con un abogado que le oriente adecuadamente sobre cómo aprovecharlo de manera efectiva.
